(Audio) .- Según arrojó la encuesta realizada en todo el país, si se suma las expensas y servicios se necesita destinar el 70% del sueldo solo para el alquiler. 

La asociación que agrupa a los Inquilinos, publicó una encuesta que realizaron a nivel país entre personas que alquilan una vivienda. El sondeo realizado arrojó que se incrementó la cantidad necesaria para afrontar un alquiler. En enero el promedio era de 41%, hoy es del 45%.

Maximiliano Vittar, integrante de Inquilinos Córdoba, dialogó con un «Nuevo Día» y esto nos relataba.

La encuesta contó con más de 5.000 respuestas y el dato más destacado que surgió fue que, en promedio, un inquilino destina el 45% de sus ingresos en el pago del alquiler.

Si analizamos los datos por provincia, Córdoba –con 46,7%- es la que registra un mayor porcentaje de los ingresos que se destinan al pago del alquiler, seguida de San Juan (46,2%), Provincia de Buenos Aires (45,6%) y Ciudad de Buenos Aires (44,6%).

Cabe destacar que esta información hace referencia únicamente al pago del alquiler, excluyendo expensas, impuestos y servicios. Si tomamos en consideración todos esos gastos, un inquilino destina entre el 60 y el 70% de sus ingresos en mantener su vivienda alquilada.

El otro dato importante que surgió fue la enorme evasión impositiva del mercado inmobiliario, ya que el 78,3% de los encuestados afirmó que la inmobiliaria o el propietario no le extienden una factura al momento de pagar el alquiler. Ese promedio nacional, aumenta en provincias como San Juan (94,2%), CABA (84,5%) y Provincia de Buenos Aires (79,9%). Si bien es de público conocimiento (incluso para las autoridades de AFIP) que el mercado inmobiliario opera mayormente en negro, esta es la primera vez que se difunden datos concretos sobre la magnitud de esa evasión multimillonaria.

La Ley Nacional de Alquileres, que fue aprobada por unanimidad en el Senado, corre riesgo de perder estado parlamentario si no es tratada antes de finalizar el año legislativo por la Cámara de Diputados. Ese proyecto extiende a tres años la duración mínima de los contratos y establece que los alquileres deben aumentar una vez por año a través de un índice promedio entre inflación y salario.