La decisión del Gobierno Nacional de intervenir la firma Vicentín no hace más que aumentar nuestra preocupación y confirmar nuestros dichos recientes. De efectivizarse su expropiación, el impacto sería nocivo no sólo para nuestro sector, sino también para el comercio en general. Declararon desde la Sociedad Rural Jesús María.

Los productores conocemos perfectamente la situación de la compañía y lo que la ha llevado a este desenlace. Pero el punto no es defender a Vicentín, sino advertir el modo en que el Ejecutivo está manejando esto. Si el argumento es que los productores puedan cobrar, pues deberíamos atenernos a la Justicia y a la legislación vigente de concursos y quiebras. Se supone que sólo un juez puede disponer la intervención de una sociedad comercial.

En primera instancia, rechazamos que el Ejecutivo eluda la postura del Gobierno de Santa Fe. En segundo lugar, nos preguntamos si la “soberanía alimentaria” será la misma que nos llevó a importar trigo y perder diez millones de cabezas. Sepan señores gobernantes que en el país somos miles los productores que, con nuestro trabajo diario, contribuimos a la soberanía alimentaria. Generamos riquezas en el marco de la ley y aportamos a las arcas del Estado el mayor ingreso de divisas de su historia.

Lo que necesitamos es defender el contrato social expresado en nuestra Constitución Nacional. Si la seguridad jurídica entra en riesgo, ¿quiénes se animarán a invertir? Al mercado de granos no le hace falta un testigo para garantizar su transparencia. Consideramos que la solución no es la intervención y mucho menos la implementación de estrategias ruinosas como el desdoblamiento cambiario.

Por ésta y otras razones, la SRJM se declara en estado de alerta permanente junto a sus SOCIOS. Velaremos por nuestros derechos y la propiedad privada, buscando el apoyo de la sociedad, las fuerzas vivas y representantes de diversos estamentos.